¿Se pueden reclamar las cantidades defraudadas por phishing al banco si hay un procedimiento penal en curso?

Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen los clientes que han sufrido una ciberestafa es si se pueden reclamar las cantidades defraudadas por phishing al banco si ya hay un procedimiento penal en curso.

En este artículo, nuestros abogados de estafas informáticas explican la influencia que pudiera tener la existencia de un procedimiento penal en que se esté investigando el delito de estafa con la incoación coetánea de un procedimiento declarativo civil de reclamación de las cantidades que han sido objeto de pago no autorizado.

La denuncia como requisito para reclamar el dinero estafado al banco

Si has sido víctima de phishing o de cualquier otra estafa informática, es muy importante notificar a tu entidad financiera a la mayor brevedad posible, la existencia de pagos no autorizados, solicitando la devolución de dichas cantidades.

Para tramitar la reclamación formal, el banco va a solicitarte que interpongas denuncia, a la cual deberás aportar un certificado del banco en que consten los movimientos que consideres que se tratan de pagos no autorizados.

Una denuncia en sede policial no es otra cosa que una comunicación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la comisión de un hecho que reviste apariencia delictiva. Esta notitia criminis conllevara el despliegue de una serie de diligencias policiales a los efectos de identificar al autor de los hechos, remitiéndose el atestado a órgano jurisdiccional para que se inicie la correspondiente instrucción penal de los hechos en caso de que la identificación del autor sea fructífera y/o se requiera de la intervención judicial para que se acuerden medidas de investigación concretas tendentes a su identificación.  Por desgracia, en materia de ciberdelincuencia, en común que las denuncias resulten archivadas ya que la identificación del autor no siempre es fácil.

Sin perjuicio de las complejidades inherentes a la investigación de los delitos tecnológicos, de incoarse un procedimiento penal, adelantamos que nada impide a que, simultáneamente, puedan ejercitarse las respectivas acciones civiles de reclamación de las cantidades defraudadas al banco, en virtud de su responsabilidad por pagos no autorizados en la Jurisdicción Civil.

¿Prejudicialidad penal?

La prejudicialidad se trata de una cuestión sustantiva que atiende a la conexión entre hechos de diversos procedimientos.

En la materia que nos ocupa, dejando a un lado los casos de falsedades documentales, para la apreciación de prejudicialidad penal que implique la suspensión de las actuaciones en el proceso civil, será necesario que exista una causa criminal por unos hechos de apariencia delictiva que fundamenten las pretensiones del proceso civil y, asimismo, que la decisión penal acerca del hecho pueda tener un influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

Cabe señalar que, en casos de phishing, aunque la causa criminal concluyera con una sentencia condenatoria por un delito estafa, carecería de la influencia decisiva que requiere la apreciación de la excepción de prejudicialidad penal, ya que la acción ejercitada en el proceso civil tiene su fundamento en las responsabilidades legales establecidas en la Ley de Servicios de Pago por pagos no autorizados, afectando, por tanto, a la relación jurídica de la entidad bancaria con el cliente.

No obstante, nada impide que en el procedimiento penal en que se exigen las responsabilidades criminales de un tercero por los hechos delictivos que implicaron el perjuicio patrimonial del cliente, la entidad bancaria pueda reclamar también a éste (al autor de la estafa) las respectivas responsabilidades civiles.

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